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Noticias Bankia. Arriaga Asociados informa de lo publicado en El Confidencial. El juez ignora al fiscal e investigará a directivos de Caja Madrid que diseñaron las preferentes.

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El juez investigará a directivos de Caja Madrid que diseñaron las preferentes.

El juez de la Audiencia Nacional

Así, señala que desde el momento en que compartiendo este juzgado con el ministerio fiscal la “delgada línea” que puede separar, en este tipo de hechos, el ilícito penal del ilícito civil, “no es en absoluto descartable la existencia del primero, y que la tutela judicial ampara a quien acude a los tribunales a fin de que se investigue si en el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en delito”.

Según la Fiscalía, la venta de preferentes no se puede encuadrar en un delito de estafa porque el producto en sí mismo no era una estafa, pues estaba avalado por el órgano regulador. En todo caso, fue la manera de venderlo y, según Anticorrupción, debe ser tratado por la vía civil.

La querella se incorpora a la pieza principal en la que se investiga el proceso de fusión y salida a bolsa de Bankia pero como una pieza separada. El juez, al igual que el fiscal, entiende que debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal, cuando se puede obtener respuesta más rápida y eficaz ante la vía civil y contenciosa. Sin embargo, sostiene que este criterio basado únicamente en la eficacia y rapidez en obtener una respuesta de la Justicia lo es tan solo en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria, ” y no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad, si es que se ha cometido algún ilícito penal”.

El juez recuerda que los perjudicados no tienen obligación de acudir a la vía penal, les queda también la vía civil e incluso las vías arbitrales. En la voluntad de los perjudicados se encuentra elegir qué tipo de reparación pretenden ejercer. Andréu explica que por el hecho de incoarse un proceso penal no se limitan los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados sino que se les abre una vía más para la satisfacción de sus derechos, “sin cegarse aquellas que ya están en su mano”.

Por  último, el magistrado recuerda también que el principio de intervención mínima se dirige fundamentalmente al legislador, que es quien debe fijar los tipos y las penas para marcar los límites de la intervención del derecho penal.

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