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Juzgados y Tribunales de toda España siguen insistiendo en que hubo una indebida comercialización de las preferentes

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Juzgados y Tribunales de toda España se pronuncian al unísono acerca de las técnicas de comercialización deficiente de participaciones preferentes, a la vista de las sentencias que en Arriaga Asociados ya hemos ganado y de las noticias que a diario aparecen en los diferentes medios de comunicación.

Dichas sentencias a favor de los afectados por estos productos de riesgo continúan poniendo de manifiesto algo muy claro: la ausencia de información y evaluación del perfil inversor de los clientes que decidieron contratar este tipo de producto. Los juzgados españoles interpretan que la deficiente información acerca de los riesgos durante el proceso de comercialización, implica un incumplimiento del artículo 1.101 de Código Civil con la suficiente entidad para provocar la resolución contractual, y consecuentemente, la devolución de las cantidades invertidas en estos productos.

Consciente de esta deficiente comercialización por parte de las entidades bancarias, así como de los cerca de los casi 400.000 afectados por estos productos, el gobierno aprobó el pasado 22 de marzo el Real Decreto Ley 6/2013, por el que se regulaba el mecanismo de arbitraje y canje de aquellas participaciones preferentes y deuda subordinada comercializadas por las entidades nacionalizadas. La aprobación de este Real Decreto Ley no implica que los afectados estén obligados a someterse al proceso de arbitraje y sus correspondientes quitas, sino que se mantiene la posibilidad de acudir a la vía judicial en los supuestos en los que se considere que pueda existir una deficiente comercialización del producto. Algo que en Arriaga Asociados hemos defendido desde el primer momento en que estalló este problema.

La Ley de Mercado de Valores impone estrictas obligaciones de información, lealtad y transparencia a las entidades financieras, reforzadas cuando nos encontramos ante clientes minoristas y no profesionales, protegidos por la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Cabe recordar igualmente la obligación de las entidades de evaluar el perfil de riesgo de cada uno de los clientes que deciden contratar estos productos, evaluación y examen que debería haberse realizado conforme a los criterios y test MIFID y que, en muchas ocasiones, fue omitido durante el proceso de comercialización o rellenado por los propios.

Lo mejor, la reclamación judicial

En este contexto, Arriaga Asociados lleva ya mucho tiempo actuando en diferentes procedimientos judiciales en defensa de los intereses de usuarios de bancos y cajas que han visto atrapados sus ahorros en este tipo de productos. En estos momentos estamos defendiendo a más de 2.500 afectados por las participaciones preferentes de Bankia, instando la nulidad del contrato por vicios del consentimiento, así como la reclamación de los daños y perjuicios que la venta del producto ha generado en aquellos supuestos en los que los clientes han canjeado sus valores aceptando alguna de las alternativas ofrecidas por esta entidad.

Y todo ello porque nuestro Código Civil español, en su artículo 1.261, establece el consentimiento como elemento esencial de un contrato, siendo nulo si fue prestado por error, violencia, intimidación o dolo conforme a lo establecido en el artículo 1.265 del citado Código. Por lo que declarada la nulidad de una obligación, las partes deberán restituirse recíprocamente aquello que hubiese sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses.  Lo cual supone desde un punto de vista práctico la devolución de estos productos bancarios a las entidades bancarias recuperando el cliente las cantidades invertidas.

El grado de satisfacción de nuestros clientes, como podrán imaginar, es muy alto porque se están dando cuenta de que existen alternativas y viabilidad jurídica para recuperar aquellas inversiones realizadas en participaciones preferentes y productos complejos que fueron deficientemente comercializados.

Si usted es uno de los clientes afectados de Bankia o de cualquier otra entidad que comercializó preferentes o le obligó a la compra de acciones, la solución es demandar por la vía civil para recuperar su dinero. Desde Arriaga Asociados recomendamos esta vía porque estamos ganando los casos. Usted puede llamarnos al teléfono gratuito 900 101 775 o enviarnos un correo electrónico a contacto@arriagaasociados.com. Puede solicitar una cita con uno de nuestros asesores, esta cita es gratuita, para que valore su caso en concreto. Tenemos oficinas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Barcelona.

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