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Medidas preventivas que el Gobierno tenía que haber tomado ante la venta de preferentes

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Que la comercialización de preferentes entre minoristas fue inadecuada es algo que nadie discute ya a estas alturas. Sin embargo, todavía se sigue hablando  discutiendo sobre las medidas preventivas que el Gobierno español podía haberse planteado para mejorar la comercialización de productos complejos o de riesgo como estos entre clientes minoristas. Medidas, todas ellas, que van desde la propuesta de reforzar la transparencia hasta la prohibición de comercialización de estos productos tan complejos y arriesgados.

En Arriaga Asociados vamos a tratar de enumerar esas medidas que, a nuestro juicio, deberían haberse adoptado, por parte del Ejecutivo español, con el fin de que esta estafa no se hubiera expandido con la velocidad que lo  ha hecho.

  1. Prohibir la oferta de estos productos inadecuados. La banca debería haberse abstenido, por orden del gobierno español, de ofrecer a los clientes productos financieros no adecuados a sus necesidades. Se tendría que haber reforzado el control, incluso agravando las sanciones. La CNMV debería haber propuesto también al sector una moratoria en la comercialización de productos complejos de alto riesgo en las sucursales de las entidades de crédito, hasta que se hubiera aprobado una reforma legal que garantizara la adecuada protección del consumidor financiero.
  2. Reforzar la transparencia. La transparencia y la claridad son esenciales para que el inversor pueda tomar decisiones con conocimiento de causa y para poder comparar entre distintos productos y poder elegir el más adecuado a su perfil y objetivos. Pero la transparencia debe comprender no sólo la información de los riesgos, sino también la información sobre los gastos, costes y comisiones cobrados o repercutidos por el intermediario.
  3. Etiquetar los productos financieros. La protección del consumidor financiero debería estar reforzada con un correcto etiquetado de los productos, que permitiera al cliente seleccionar los adecuados a sus necesidades y descartar los no adecuados. Además, el etiquetado permitiría comparar entre distintos proveedores y, a su vez, esta comparación supondría una mejora para la libre competencia. En este sentido, como decía la nota de prensa del Defensor del Pueblo de 20 de junio de 2012, “un sistema efectivo podría ser, por ejemplo, un código de colores sencillo e intuitivo, como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto”. En la Unión Europea, ya aplican esta fórmula Portugal y Dinamarca.
  4. Controlar los incentivos que los bancos dan a sus empleados. La remuneración de los empleados bancarios no debería entrar en conflicto con la obligación de proteger el interés de los clientes. Los asesores que se presentaron frente al cliente como independientes y les vendieron preferentes, tendrían que cobrar sólo del cliente, debería haber quedado prohibida toda retrocesión de comisiones por parte del banco o de sus intermediarios.
  5. Crear un contrato marco para el ahorrador. Se debería haber aprobado un modelo de contrato marco de servicios financieros que hubiera incluido la prohibición de ofrecer al cliente productos complejos. De tal modo que para poder ofrecerle o para poder contratar productos complejos tendría que haber sido necesaria la previa solicitud del cliente y la firma de otro contrato en el que figure de forma destacada la advertencia de que con la firma de ese contrato se abre la posibilidad de perder los ahorros. Pero mejor hubiera sido, conforme a la normativa MIFID, considerar a todo cliente de sucursal inversor minorista y, como tal, merecedor del máximo grado de protección. Si hubiera existido este contrato para el ahorrador, los bancos hubieran tenido prohibida la oferta de preferentes porque sus clientes, hoy afectados, hubieran visto ahí una forma clara de perder el dinero invertido.

Pos eso, seguimos insistiendo desde Arriaga Asociados que, hoy  por hoy y hasta que no se tomen cartas en el asunto, los afectados por las participaciones preferentes sólo pueden recuperar todo su dinero  presentando ante un Juzgado una demanda por la vía civil y de manera individual.

Si usted también piensa que no se tomaron medidas a tiempo para evitar la comercialización de participaciones preferentes y necesita ayuda, en Arriaga Asociados estamos dispuestos a ayudarle.

Si necesita más información, puede llamarnos sin ningún tipo de compromiso y sin ningún coste al  teléfono gratuito 900 101 775  o enviarnos  un correo electrónico a contacto@arriagaasociados.com explicando brevemente su problema e indicándonos un teléfono para podernos comunicar con usted. Las visitas son gratuitas.

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