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Catalunya Caixa también obligó a sus empleados a que vendieran preferentes a familiares

Autor: Equipo Arriaga

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“¡Tenemos que vender, vender y vender!”. Con ese mensaje, Catalunya Caixa obligó a sus directores de oficina a que ordenaran a los empleados vender participaciones preferentes y deuda subordinada a clientes, familiares y amigos, disfrazándolos de tradicionales depósitos a plazos, aunque se trataba de activos de alto riesgo que acabaron también con los ahorros de miles de familias.

El periódico Ok Diario hizo público hace unos días, una serie de correos electrónicos, fechados en noviembre de 2008, en los que se obligaba a los directores de zona a que apretaran las tuercas a los empleados para que vendieran preferentes y deuda subordinada a toda costa.

Catalunya Caixa llegó, incluso, a exigir que se lograran inversiones en deuda subordinada por valor de 250.000 euros diarios y que, por supuesto, se ofrecieran también como inversiones rentables y seguras. En ningún momento se explicó a los contratantes que eran un producto complejo, que tenía liquidez limitada y que existía la posibilidad de registrar pérdidas notables de hasta el 100% de lo invertido.

La garantía que ponían los comerciales de la entidad para venderlas era el propio negocio de la caja, que posteriormente tuvo que ser rescatada con 12.600 millones de euros, lo que en términos relativos (atendiendo al volumen de activos) supone un desembolso mayor que en el caso de Bankia.

Por cuestiones y hechos como estos es por lo que tiene sentido la puesta en marcha de acciones como “La gran demanda”, desarrollada recientemente por nuestro despacho. Un movimiento social, al que pueden unirse tanto personas afectadas por preferentes, deuda subordinada o acciones bancarias como personas no afectadas, para recuperar juntos lo que te pertenece y hacer justicia social.

Una motivación más que agrupa a todos los demandantes y promueve a unirse aquellas personas que no lo han hecho todavía, con independencia de que jurídicamente también se pueda reclamar la comercialización abusiva de productos que han realizado las entidades bancarias de nuestro país.

 

 

 

 

 

 

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