Más protección para las víctimas de accidentes de tráfico

Las víctimas de accidentes de tráfico cuentan con una protección más amplia en nuestro país desde principios de año. El 1 de enero de 2016 entraba en vigor una norma que actualiza el sistema vigente desde 1995.

El Nuevo Baremo mejora el tratamiento para resarcir a los perjudicados por accidente de tráfico y actualiza el sistema de indemnizaciones.

Las principales novedades son:

• Se eleva hasta en un 50% de media la cuantía de la indemnización en caso de fallecimiento.
• Los familiares de víctimas fallecidas o grandes lesionados tienen derecho al resarcimiento durante un máximo de 6 meses de los gastos de tratamiento médico y psicológico que necesiten.
• Las indemnizaciones por secuelas se incrementan en un 35% de media.
• Las indemnizaciones por lesiones se incrementan en un 12’8% de media.
• Se reconoce por primera vez como beneficiarios en caso de fallecimiento a los allegados a la víctima (personas que hubieran convivido familiarmente con ella durante los inmediatamente anteriores 5 años como mínimo y fueran cercanas en parentesco o afectividad).
• Las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud por los gastos derivados.

¿En qué te podemos ayudar?

Desde Arriaga Asociados recomendamos un abogado independiente y especializado que te guíe y asesore durante todo el proceso, así obtendrás la indemnización que realmente te corresponde.

Si bien la normativa establece mecanismos para valorar los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tráfico, puede ocurrir que el perjudicado acabe aceptando una indemnización menor de la que le corresponde.

Esto puede suceder porque cuando la persona reclama la indemnización a la compañía aseguradora no tiene los conocimientos necesarios en valoración del daño corporal ni la experiencia adecuada para evaluar la oferta que el seguro le propone. Además, el lesionado incluso puede perjudicar el éxito de su propia reclamación (sin quererlo), por desconocimiento.

En importante tener en cuenta que las pólizas de seguro del vehículo suelen cubrir los gastos derivados de la defensa jurídica. Es decir, el coste del abogado particular correría a cargo de la compañía aseguradora (con el límite que la misma disponga).