Banco Popular y Bankia: Paralelismos en sus resoluciones

¿Se acuerdan de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de Bankia?

• Nos la vendieron en los meses de junio y julio de 2011 como una oportunidad única para formar parte de una entidad fuerte y solvente (“Hazte Bankero (…) Bankia el primer banco de la nueva banca…”), que repartiría dividendos del 7% entre los accionistas.
• En aquel momento presumían de dar beneficios durante y después de la Oferta Pública con cifras tan positivas como los 357 millones en las cuentas proforma del grupo a diciembre de 2010 o los 309 millones de beneficio neto obtenidos en 2011. Estos datos los mantuvieron hasta el mismo día que el Presidente de Bankia dimitía, el 7 de mayo de 2012.
• Sin embargo, muy poco tiempo después, concretamente  el 25 de mayo de 2012, el nuevo equipo gestor de Bankia reformuló las cuentas de la entidad, que arrojaron unas pérdidas de 2.979 millones de euros. Es decir, en poco menos de un año Bankia pasó de divulgar beneficios superiores a los 300 millones de euros a arrojar pérdidas de casi 3.000 millones de euros.
• Este “engaño”, no pasó desapercibido para los jueces, que estimaron las reclamaciones puestas por los accionistas para recuperar lo invertido en acciones; y, finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la mala práctica de Bankia  en su salida a Bolsa, mediante sus famosas Sentencias del 3 de febrero de 2016, que obligaban a devolver la inversión a los afectados.

¿Y qué ha ocurrido con el Popular?

• En mayo y junio de 2016, nos vendieron la ampliación de capital como “un gran valor para todos” (“aproveche esta oportunidad única, súmese a nuestro proyecto…”) destinado a “fortalecer el balance de Banco Popular y mejorar (…) sus niveles de solvencia y de calidad de activos” y anunciando el objetivo de un ratio de pago de dividendos de, al menos, el 40% para 2018.
• También Popular presumió de beneficios antes, durante y después de la ampliación: entre otras muchas cifras positivas, anunció que en el cuarto trimestre de 2015, obtuvo un beneficio de 350 millones de euros; que en el primer trimestre de 2016, ganó 94 millones de euros; que en el tercer trimestre de 2016, obtuvo otros 817 millones de euros; y, curiosamente, en el cuarto trimestre de 2016, comunicó que registraba “una pérdida contable de 3.485 millones de euros, cubierta con el importe obtenido en la ampliación y con su exceso de capital”.
• Sin embargo, no era oro todo lo que relucía. El 3 de abril de 2017 Popular comunicó que había en sus cuentas incorrecciones contables, principalmente, por insuficiencia de provisiones y tuvo que “reexpresar” sus cuentas de 2016, eufemismo utilizado para no reformular las cuentas -no sea que nos recordara a Bankia-.
• A continuación, vino la resolución y venta por 1€ al Banco Santander tras declarar el Banco Central Europeo su inviabilidad el día 6 de junio de 2017 por considerar que no podía hacer frente al pago de sus deudas y demás pasivos.
• Por último, el pasado día 29 de septiembre, Popular comunicó a la CNMV que en el primer semestre de 2017 sus cuentas arrojaban pérdidas superiores a los 12.218 millones de euros, números rojos muy por encima de las morigeradas pérdidas de 35,4 millones de euros del mismo período de 2016.
• Es decir, que en poco menos de un año, Popular ha pasado de divulgar pingües beneficios a arrojar pérdidas, nada menos que superiores a los 12.218 millones de euros y, como Bankia, trató de socializar esas pérdidas encubiertas (las que afloraron poco después) con una ampliación de capital en la que se “invitaba” a los ahorradores a invertir en una “oportunidad única” que, a la postre, permitiría obtener dividendos.

Las similitudes son más que evidentes ¿Serán de nuevo los Jueces sensibles a este “engaño”? En Arriaga Asociados confiamos en que así sea, pero no somos los únicos: Banco Santander ha ofrecido un bono de fidelización que exige, como condición indispensable, la renuncia total a emprender acciones legales relacionadas con las acciones de Banco Popular. Todo apunta a que quieren evitar una oleada de reclamaciones por temor a  que el poder judicial les obligara, mediante sentencia, a devolver toda la inversión a los afectados,  como ya ocurrió en el caso Bankia.