La abogacía, descontenta con la lentitud de la justicia y la gestión del Ministerio, según una encuesta de Economist & Jurist
Autor: Equipo Arriaga¿Qué opinan los abogados sobre la lentitud de la justicia en España? Esta es la pregunta que planteó Economist & Jurist, una de las revistas jurídicas líderes en el sector, a través de una encuesta online dirigida a los profesionales del derecho. Los resultados, que se han publicado en dos entregas, revelan el alto grado de insatisfacción y preocupación de la abogacía por la situación de los tribunales y las reivindicaciones de los operadores jurídicos.
Un 27,9% de los encuestados han visto su señalamiento retrasado más de dos años; la mayoría lo han visto retrasados entre uno y dos años (32,6%), seguidos de aquellos a quienes se lo han pospuesto entre seis meses y un año (31,4%).
La causa principal de los retrasos, según el 43% de los encuestados, es el trabajo insuficiente en los juzgados, debido a la falta de medios materiales y humanos, la escasa digitalización, la burocracia y la complejidad de las normas procesales. Le sigue la falta de medios de la Administración de Justicia, con un 36%. Solo el 8,7% cree que la escasez de jueces o la falta de personal en los juzgados es el motivo.
Si se pregunta por los principales responsables, el 45% de los encuestados señala al Gobierno. Les siguen de cerca los funcionarios de los juzgados con un 24% y los letrados judiciales con un 16,9%. Solo el 7% señala a los jueces y el 0,6% cree que los abogados son los responsables.
Las consecuencias de la lentitud son graves, según la mayoría de los encuestados. La principal es el menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva (41,3%). También se destaca la pérdida de credibilidad de la Justicia (29,7%) y el daño a la actividad económica (13,4%).
La encuesta de Economist & Jurist refleja, por tanto, el malestar de la abogacía por la lentitud de la justicia, que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y a la confianza en el sistema democrático. Asimismo, evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la calidad y la eficiencia de la justicia, dotándola de más recursos, simplificando los procedimientos, fomentando la mediación y el arbitraje, y garantizando la independencia y la imparcialidad de los jueces.
