La Comisión Nacional de Mercados y Competencia sancionó a 28 marcas de coches por intercambiar información estratégica y comercial y demostrarse que habían acordado fijar los precios. El conjunto de marcas suponían el 90% del mercado, con lo que se creó una situación de monopolio que atentaba contra la libre competencia y perjudicaba al consumidor. El Tribunal Supremo ha ratificado estas sanciones y abre así la vía a millones de afectados a reclamar el sobrecoste de lo que pagó por su coche.
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