LEY DE LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD

La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a personas físicas, autónomos y particulares cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden hacerles frente, ofreciendo un nuevo comienzo económico.

Puede acogerse cualquier persona física, particular o autónomo, que:

• Se encuentre en situación de insolvencia, actual o inminente.

• Haya actuado de buena fe, es decir, sin ocultar bienes ni deudas, y no haya agravado su insolvencia.

• No cuente con antecedentes penales en los últimos 10 años por delitos económicos, ni sancionado en los últimos 10 años por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo periodo no se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad.

• No se haya beneficiado de esta ley en la última década.

• Tener más de dos acreedores.

La ley permite cancelar la mayoría de las deudas, como:

• Préstamos personales.

• Tarjetas de crédito.

• Microcréditos.

• Deudas con Hacienda y Seguridad Social hasta el límite de 10.000 euros.

• Deuda remanente de una ejecución hipotecaria

No se pueden cancelar las deudas de alimentos, indemnizaciones por delitos o las deudas con Hacienda y Seguridad Social que superen los 10.000 euros.

En relación a las deudas de otros organismos públicos distintos de los mencionados (Ayuntamientos, DGT, diputaciones provinciales, etc.), en principio, tampoco se pueden cancelar.

No obstante, es interesante analizar esta cuestión caso por caso, ya que, no hay un criterio judicial unificado.

No existe un límite máximo ni mínimo para obtener la exoneración, solo en caso de deuda con Seguridad Social y la Agencia tributaria en el que se exonerarán como máximo 10.000 euros, respectivamente.

1. Estudio del asunto: un abogado analiza la situación y se le ofrece al cliente las distintas posibilidades que existen, dependiendo de la deuda y los bienes que tenga.
2. Solicitud de documentos: una vez analizado todo el caso, solicitamos la documentación que nos exige el Juzgado para interponer la demanda. La mayoría de los documentos los obtenemos con el certificado digital.
3. Presentación de demanda: con toda la documentación se presenta la demanda en el Juzgado donde se encuentre empadronado el cliente.
4. Resolución judicial: el juez concede la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que libera de las deudas, o se aprueba el Plan de Pagos aprobado por el cliente.

Depende de cada caso, pero suele resolverse entre 6 meses y 1 año. En cuanto tenemos toda la documentación, se inicia el periodo judicial en el que se interpone la demanda. En algunos casos el procedimiento ha quedado resuelto en 3 meses desde que se interpone la demanda.

No obstante, la tardanza del procedimiento depende del Juzgado en el que recaiga la demanda, pero haremos las gestiones necesarias para agilizarlo.

Una vez que se termina el proceso debemos solicitar a los ficheros de morosos eliminar nuestros datos de los mismos para así poder empezar financieramente de nuevo. Los responsables de los ficheros tienen la obligación de dar de baja los datos una vez se obtenga la exoneración.