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El fiscal general del Estado califica las preferentes de “problema social de primer orden”

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Aunque le haya costado admitirlo, no le falta razón a  Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, cuando en el acto de apertura de los tribunales, dijo que las preferentes son un “problema social de primer orden”. En Arriaga Asociados así lo considerábamos ya desde hace unos años, cuando  estalló el problema y miles de ciudadanos de condición modesta vieron escapar sus ahorros.

La comercialización de estos títulos por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia ha sido abusiva y, por supuesto, no hace falta que nos lo diga Torres-Dulce, las preferentes han desembocado en un problema social de primer orden y muy grave. Lo que se debería haber hecho en su momento y lo que debemos seguir haciendo ahora es no permanecer impasibles, tomar cartas en el asunto y ayudar a que los afectados recuperen su dinero.

Muchos de los casos derivados de esta situación ya han llegado y siguen llegando a los tribunales españoles. Y son tantos y tan sumamente complejos, que como dice Torres-Dulce “no admiten un tratamiento común”, sino más bien, tal como apuntamos desde Arriaga Asociados, personalizado y detallado.

No es lo mismo un caso de preferentes en los que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, que el que se ejecuta mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la falta de solvencia de la entidad. Ni tampoco son iguales los cientos y cientos de casos en los que se colocaron los títulos a personas “discapacitadas, desvalidas o imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio”, como bien reconoció el fiscal general del Estado.

Por eso, en Arriaga Asociados no nos cansaremos nunca de recomendar a los particulares que adquirieron preferentes que acudan en busca de asesoramiento legal de expertos, incluso si las entidades rechazan su proceso de arbitraje.

Las preferentes son productos que se alejan mucho de los que hasta el momento se estaban comercializando para el perfil inversor del tramo minorista y especialmente de los depósitos, “dado que en ningún caso tienen una rentabilidad asegurada”, como bien ha reconocido Eduardo Torres-Dulce. Lo que no se puede entender, ni se debería haber consentido, es que más del 96% de las emisiones de preferentes de los bancos se colocaran a inversores minoristas en vez de a inversores institucionales, por mucha crisis económica que haya o por lo mal que estuvieran las entidades financieras.

Para que un afectado por la venta de preferentes pueda recuperar su capital sin dificultad, hay que acudir a los tribunales e interponer una demanda por la vía civil y de manera individual. Y en esto, Arriaga Asociados puede ayudarle.

En Arriaga Asociados defendemos los derechos de casi 3.000 afectados, tenemos una amplia experiencia y ya son muchas las sentencias ganadas.

Si está interesado en recibir más información de nuestro despacho o concertar una visita con nuestros abogados especialistas, llame el teléfono gratuito 900 101 775 o escriba al e-mail: contacto@arriagaasociados.com e indique su caso y un teléfono de contacto.

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