Arriaga Asociados se querella contra cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona por prevaricación

Con esta querella, Arriaga Asociados se planta de nuevo frente a una injusticia

  • El despacho pretende dotar de seguridad jurídica a más de un millón de afectados por la cláusula abusiva IRPH que se han visto obligados a esperar a que Europa restableciera sus derechos, y que ahora la Sección 15 de la AP de Barcelona pretende volver a arrebatar.

 

Arriaga Asociados ha presentado hoy una querella contra cinco magistrados de la Sección 15 de la Audiencia Provincial (AP) de Barcelona, a los que acusa de presunta prevaricación por dictar una sentencia que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que está expresamente prohibido.

El TJUE dictó sentencia, el pasado 3 de marzo, por la que la denominada cláusula IRPH debía ser sometida a un análisis de transparencia por parte de los jueces para comprobar si el cliente estaba bien informado y entendía a lo que se estaba comprometiendo y a las consecuencias económicas que se enfrentaba al firmar el contrato de préstamo hipotecario. Los jueces españoles por tanto han de seguir esta doctrina y estudiar caso a caso si se aplicó la cláusula IRPH con transparecia, de no sr así, habrá que declarar nula dicha cláusula y ser sutituido el IRPH por otro índice de referencia legal. Sin embargo, la Sección 15 de la AP de Barcelona, mediante su Sentencia 634/2020 del 24 de abril de 2020, acaba de dar por buena esta cláusula abusiva y considera que, por tanto, no precisa control judicial para comprobar si está bien informado. Lo que puede suponer un delito de prevaricación por ir en contra de la jurisprudencia del TJUE.

En concreto, la Sección 15 ha infringido el artículo 4 bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando señala que los jueces tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Es por esto hoy 19 de mayo de 2020 Arriaga Asociados se presenta como acusación popular contra los jueces que firman el documento: J.F.G.M., L.R.V., J.M.R.A., M.D.M. y J.M.F.S., y pide su inhabilitación por un periodo de entre 10 a 20 años, y una multa económica.

 

Desmontamos los argumentos en los que se basa la Sentencia 634/2020 del 24 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona y que infringen con el artículo 4 bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª (especializada), ha dictado la sentencia n.º 634/2020 DESESTIMATORIA sobre el IRPH, en la cual a modo resumen argumenta que:

 

  • Los índices de referencia no son Condiciones Generales de Contratación (CGC)

Esto es lo que argumentó el Tribunal Supremo en su sentencia de diciembre de 2017, y recordemos que aquí no atacamos el índice, sino la CLÁUSULA y el TJUE en su primera cuestión deja claro que la cláusula que recoge un índice de referencia SÍ ES CGC.

  • Que en todo caso, el control de un índice oficial y de su abusividad corresponde a la Administración y no a los Tribunales.

 

Argumento usado también por el Supremo en su sentencia de diciembre de 2017. El control del índice sí, pero el control de la cláusula inserta en un contrato de préstamo SÍ TIENE QUE SER SOMETIDA A CONTROL DE LOS TRIBUNALES, y así lo recoge el TJUE en su sentencia del 3 de marzo de 2020.

  • Entiende que el prestamista no tiene porqué explicar un índice legal ni su configuración, ni posible evolución ni compararlo con otros atacando incluso lo que indica la STJUE de 3 de marzo sobre la información acerca de los 2 años de evolución, indicando que la Orden Ministerial del 94 sólo establecía esa obligación para los PH de menos de 25 millones de pesetas (153.000 €) y que la Orden Ministerial de 2011, ni siquiera la preveía.

 

Este argumento es el más grave y erróneo que realiza la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia. Es contrario al sentido de la STJUE de 3 de marzo de 2020 y a la normativa de consumidores, por varios motivos:

 

1- No tiene en cuenta el análisis del control de transparencia ÍNTEGRO que hay que hacer sobre una cláusula, además, no lo aplica al caso en concreto sólo se encarga de buscar un reducto legal para desmontar “que no hay que exigir la evolución del IRPH durante los 2 años anteriores” que es el requisito que más daño le hace al Banco.  NO REALIZA CORRECTAMENTE EL CONTROL DE TRANSPARENCIA Y OMITE NORMAS APLICABLES PORQUE:

– Argumenta que el banco no tiene que entregar comparativas con otros índices, es un argumento que recupera de la STS de diciembre de 2017 porque las demandas presentadas hasta esa fecha sobre el IRPH se apoyaban en que el banco tenía que entregar comparativa de evolución del tipo de interés porque eran los requisitos de control de transparencia que había impuesto el TS en su sentencia de CS de 2013, que luego rectificó en su sentencia de IRPH y dijo que “ya no eran necesarias las simulaciones comparativas” con el objetivo de desestimar el IRPH. Pero esto está superado con la STJUE de 3 de marzo porque tampoco lo exige, aun así, la SAP lo recupera para remarcar que el banco no tenía que entregarlos y apoyar que el Banco cumplió.

– La STJUE de 3 de marzo de 2020 exige que se presente la evolución del IRPH en los últimos 2 años, y aquí la SAP de Barcelona carga sus tintas y busca los reductos legales para no aplicarlo, pero lo que dice no está ajustado a la norma:

* La OM de 1994 exige que se entregue esta evolución de 2 años en su Anexo I, y es cierto que la OM se aplica a PH de menos de 150.000 €, pero la SAP de Barcelona omite:

(1) que el Banco de España en un Informe expuesto ante el Senado (año 2013) dice que los requisitos de información de esta Orden del 94 se aplicaban por las entidades bancarias con carácter general a TODOS LOS PH.

(2) Para PH firmados tras diciembre de 2007, la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, modificó la Ley 2/1981, de 25 de marzo sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito y estableció en su art. 48 que la información relativa a la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, siempre que la hipoteca recaiga sobre una vivienda, se suministrará con independencia de la cuantía de los mismos.

(3) Para PH firmados antes de 2007, omite otras normas que sí son de aplicación en sustitución de la OM 1994 y que exigían informar al cliente de su PH, porque sino ¿para los PH de más de 150.000€ el banco no tenía obligación ninguna de informar al cliente? la respuesta es NO. Por ejemplo, es de aplicación a todos los PH que no se aplicaran la OM de 1994 la Circular 8/1990 de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela que en su NORMA SEXTA, punto 6 y punto 11, impone obligaciones de información contractual al banco si el cliente lo solicita, y en este caso el contrato existe y se debió dar dicha información. La SAP de Barcelona directamente no exige nada.

(3) QUE EN LA PRÁCTICA TODOS LOS JUECES APLICAN LA OM 1994 SIN VALORAR LA CUANTÍA DEL PH. Es más, la STS sobre CS del año 2013, 3 de los 4 PH que se enjuician son de cantidades superiores a 150.000 € y firmados antes del año 2012, y el TS aplica sin limites la OM de 1994. Ahora, sorpresivamente, la SAP de Barcelona busca este reducto legal.

 

* La Orden Ministerial de 2011, SÍ RECOGE la obligación de entregar la evolución del IRPH en los 2 últimos años, en su versión vigente desde su entrada en vigor hasta junio de 2019, en su ANEXO II Sección <<5. IMPORTE DE CADA CUOTA HIPOTECARIA>>, apartado 3. Requisito que se elimina en 2019, por lo que desconocemos porque la SAP de Barcelona dice que la OM de 2011 no exige este documento.

– Argumenta que con recoger el concepto de índice IRPH es suficiente y no hay que explicar su configuración (como decía la STS de diciembre de 2017) y descontextualiza un párrafo de la STJUE para reforzar su argumento, pero no prueba si en este caso se recogió “todo el concepto de IRPH” que pocos PH lo recogen, ni si se explicó su fórmula de funcionamiento como exige la STJUE de 3 de marzo de 2020.

 

2- Es una sentencia genérica, no analiza si en el presente caso se dio toda la información previa al cliente, o la información contractual, o la explicación de su funcionamiento, sólo se realiza una exposición doctrinal de su opinión de la STJUE sobre el IRPH y por qué todos los IRPH son transparentes.

 

  • Asimismo afirma que al cliente valía con informarle que su préstamo hipotecario era a interés variable y con el concepto del índice. Además afirma que había información sobre el IRPH que daba tanto el Banco de España, como los medios generalistas por lo que un consumidor medianamente informado, debería conocerlo y tenía posibilidad de hacer comparaciones.

Es el argumento de la STS de diciembre de 2017, que fue rebatido por el voto particular de Orduña y por la STJUE donde se argumenta que el concepto y su publicidad no es suficiente para superar la transparencia, de hecho el TJUE exige explicar la fórmula de cálculo y conocer su evolución pasada durante 2 años para que el prestatario pueda conocer el coste del préstamo y compararlo con otros índices. El control de transparencia es mucho más extenso que esta reducción simple.

 

  • Argumenta que aunque una cláusula no sea transparente, puede no ser abusiva, y en este caso la cláusula de IRPH no lo es porque el desequilibrio del consumidor se demostraría con la evolución del IRPH y el banco no estaba obligado a darlo.

Es contrario al argumento del voto particular de Orduña y de la STJUE, el desequilibrio se demuestra preguntándose si el cliente, en las mismas condiciones de información que hubiera tenido el Banco, hubiera aceptado dicha cláusula u otra.

Jesús María Ruíz de Arriaga

Socio Fundador