Los bancos, el IRPH y la prevaricación

En Arriaga Asociados representamos a miles de consumidores que en su día fueron engañados por los bancos al contratar préstamos hipotecarios con tipo variable referenciados al IRPH sin que se aplicara un diferencial negativo, un interés abusivo que les ha supuesto un sobrecoste medio de 40.000 euros por préstamo. En total, los bancos se han embolsado unos 40.000 millones de euros a costa de los consumidores.

Pero no solo eso. Los bancos también han contado con la complicidad de algunas audiencias provinciales, que han dictado sentencias a su favor, ignorando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023, que estableció que el IRPH podía ser nulo si los bancos no habían informado a los consumidores de la posibilidad de rebajarlo mediante la aplicación de ese diferencial negativo, tal y como les indicó el Banco de España en una Circular de 2009.

Estas sentencias son una flagrante vulneración del artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a los jueces y tribunales españoles a aplicar la jurisprudencia y las normas que emanan del Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que les exige motivar sus resoluciones en caso de no hacerlo.

Por eso, hemos presentado varias querellas contra algunas audiencias provinciales que han dictado estas sentencias, acusándolas de prevaricación, que es un delito que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Estas querellas buscan que se revise la actuación de estas audiencias provinciales y que se anulen las sentencias que han declarado la buena fe de los bancos respecto al modo de utilización del IRPH. Asimismo, pretenden que se reconozca el carácter abusivo de la aplicación de un diferencial positivo al IRPH sin informar de ello a los clientes y que se restituya esos consumidores el dinero que han pagado de más por estas prácticas.

En Arriaga llevamos muchos años defendiendo los intereses de los consumidores frente a los bancos, ante la jurisdicción civil, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, además, ante el dictado de estas sentencias por parte de ciertas audiencias provinciales de España, consideramos que se está atravesando la línea de la prevaricación, que significa, dictar una sentencia injusta sabiendo que lo es, y lo es, y se sabe, y a pesar de ello, se dicta. Por eso es por lo que estamos llevando a cabo una labor de denuncia de todo esto, porque creemos firmemente que esas sentencias se están dictando en fraude para favorecer los intereses de los bancos.

Nuestra intención es que se depuren responsabilidades; que se vea qué intereses puede haber detrás; a quién favorecen esas decisiones, además de a los bancos. Que se investigue, que se levanten las alfombras del Estado y los ciudadanos podamos ver qué hay debajo. En definitiva, defender la Justicia como realidad y no tanto como entelequia.

Y lo vamos a hacer denunciando cada sentencia injusta que se dicte, hasta que se cumpla la Ley y lo que ordena Europa y se garanticen los derechos de los consumidores. No vamos a parar hasta que se haga justicia con el IRPH.